Posadas no está amparando a las personas celíacas

A pesar de que exista una ordenanza municipal posadeña que facilita el acceso de alimentos sin TACC a personas con celiaquía, su cumplimiento en los puntos de venta de insumos alimenticios no esta siendo controlado.

Los derechos de las personas celíacas deben ser respetados en nuestra ciudad.
Es importante reconocer y respetar los derechos de las personas celíacas para resguardar su salud y bienestar. Un derecho base de todo ser humano es el de acceder a un plato de alimento.

 

La Ley nacional de celiaquía Nº 26.588 fue sancionada en el año 2009 en el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. La Ley estableció de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten. Además establece, para todas las empresas o industrias en las cuales se produzcan alimentos libres de TACC, la obligatoriedad de identificar los productos con la sigla “SIN TACC”. También establece la participación voluntaria del resto de las provincias argentinas. 

Lo interesante es que Misiones ya contaba de antemano con una Ley provincial N.º 2.811 sancionada en 1990 que declaraba de interés provincial su estudio, prevención y tratamiento, impulsaba la creación de registros de alimentos aptos para celíacos y promovía la no discriminación en el ámbito laboral de quienes padecen la enfermedad. En 2018 se fusionó con la nacional y pasó a llamarse “Ley XVII- N° 15”.

En 2014 Pablo Velázquez, actual concejal radical de Posadas, estableció la ordenanza municipal 492-C-12 que regula las condiciones de elaboración y comercialización de los alimentos libres de gluten facilitando el acceso a las personas celíacas a esos productos. Esta normativa busca favorecer el acceso a las personas celíacas a alimentos seguros para su consumo en cualquier establecimiento comercial de venta de comida. Sin embargo, la realidad es diferente, porque existe una normativa jurídica que no está siendo monitoreada y ocasiona exclusión e incumplimiento de los restaurantes posadeños que no cuentan con un menú o al menos un plato sin TACC. La misma realidad se vive en el supermercado donde el pasillo para celíacos se encuentra reducido en 3 o 4 góndolas con mucha suerte convirtiendo en una aventura la vida de una persona celíaca. 

Pero sí tenemos la ley, ¿por qué no está siendo monitoreada por el Estado? Porque obligar a los restaurantes privados que amplíen su establecimiento y agreguen una segunda cocina para la libre contaminación  y elaboración de platos sin TACC, sumado a la capacitación del personal en la preparación y manipulación de estos alimentos requiere una gran inversión por parte de los restaurantes que están dispuestos a solventar por cuenta propia. Por ende, las personas celíacas quedan excluidas de un derecho básico humano que es tener la posibilidad de acceder a un plato de comida vaya a donde vaya.

Debería haber una colaboración por parte del Estado para brindar ayuda económica a los restaurantes, para que habiliten una nueva cocina en la que se preparen platos libres de contaminación de trigo, avena, cebada y centeno, así, se incluye a las personas celíacas en el ámbito alimenticio.


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