En octubre de 2022, un fallo histórico en la provincia de Misiones sentó precedente para futuros casos de discriminación laboral. Para el docente, es la culminación de seis largos años de lucha. Y afirmó que seguirá trabajando para que estas cosas no sucedan más.
Julián Bjorklund tiene 38 años, es Licenciado en Criminalística y profesor de Ciencias Exactas. Y es oriundo de Oberá, donde es rector del Instituto Carlos Linneo. Además, está felizmente casado con Alejandro Cabrera y disfruta los fines de semana con su familia. Actualmente se dedica a garantizar que los grupos históricamente marginalizados sean tratados en condiciones justas, en la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía.
Años atrás, en 2016, jamás se iba a imaginar que su motivo de felicidad, la unión en matrimonio con su pareja Alejandro, sería el motivo de la discriminación que sufrió en su ámbito laboral, algo que lastimosamente es moneda corriente para la comunidad LGTB+ (lesbianas, gays, trans y bisexuales) en la provincia.
Cuando Julián le informó al Instituto Emanuel, en el que llevaba trabajando desde el 2011, que se casaría con un hombre, recibió su despido inmediato. El representante legal de la escuela, Filiberto Irola Calderón, un pastor evangélico, justificó su decisión diciendo que la sexualidad de Julián no coincidía con “el ideario institucional.” Y como si eso no fuera suficiente, expresó lo mucho que le apenaba que Julián no haya avisado que era homosexual antes, porque él conoce gente que lo podría haber “curado” de su homosexualidad. A Bjorklund le ofrecieron pagarle la mitad que le correspondía de indemnización, por considerar que era él el que no se “adaptaba” al contexto, así que cuando reclamó que le correspondía el total de la suma, el pastor aceptó hacerlo en tres pagos. Y fue entonces cuando firmaron el documento que luego se convirtió en prueba en el juicio, al poner por escrito que la sexualidad de Julián era la causa de su despido, lo cual es un delito.
Con esto, Julián efectuó la denuncia en el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo), decisión para la que fue clave su esposo, también víctima del acto discriminatorio. Como así también el apoyo de la asociación Colectivo 108, la cual ya había ayudado a particulares, el año anterior al despido de Julián, a denunciar a este mismo colegio porque “en una reunión interna habían pedido a los docentes que firmaran un papel que decía que no aceptaban a familias homoparentales.” A pesar del durísimo momento que tuvieron que pasar ambos (Julián llegó a perder diez kilos por el shock que le causó la crisis), esto los motivó a involucrarse en el activismo en el ámbito político, ya que “lo que había era invisibilización, no sólo por parte de lo privado, sino del Estado, que no tenía representantes de la comunidad trabajando con la intención de generar políticas para la comunidad misma, que se encuentra muy vulnerable a casos de discriminación laboral en nuestra provincia.” Por esta razón, decidió donar la suma completa de lo que ganó en el juicio a la organización Somos Diverses, “porque se dedica a la defensa de los derechos de las personas LGTB+ de la región hace años, lo cual es fundamental para seguir la lucha,” explicó.
Redacción: Sofía Villalba
Infografía e imágenes: Victoria Guenin, Guadalupe Paulovich